Detectan empresas agropecuarias involucradas en acciones de guerra económica

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Se habrían detectado los delitos de sobreprecio, contrabando de extracción de maíz blanco y amarillo hacia Colombia, y estafa a la nación con dólares de Cadivi. Tres directivos de una de estas empresas habrían sido puestos a la orden de las autoridades para determinar responsabilidades.

Por Carlos Machado Villanueva

Caracas, 24 nov.- El ministro del poder popular para agricultura y tierras, Yván Gil, dijo  que llegarán hasta las últimas consecuencias para hallar a los culpables de estafa a la nación y a los productores tanto en los casos de sobreprecio y contrabando de extracción de maíz blanco y amarillo, como en el caso de la compra de búfalos reproductivos con dólares preferenciales de la Comisión Administradora  de Divisas, por parte de una empresa privada supuestamente radicada en el estado Táchira.

Gil informó en rueda de prensa en la sede ministerial el pasado viernes 22 de noviembre, que se habrían detectado graves irregularidades luego de una serie de inspecciones sistemáticas en los últimos días en empresas dedicadas a la producción de alimentos, compra y venta materias primas, de bienes para la producción e incluso irregularidades en el uso de los dólares de Cadivi, como es el caso del Fondo Nacional Bufalino (Fonabu).

Los casos Aproven y Hermanos Vergara

Gil informó que en el ciclo de inspecciones realizadas a silos y almacenes en el Estado Portuguesa en conjunto con funcionarios del Superintendencia de Silos y Almacenes Agrícolas Administración de Silos y Almacenes (Sada) y en Instituto de Salud Agrícola Integral (Insai), fueron detectados “dos casos emblemáticos”.

“En primer lugar lo que tiene que ver con los silos de Aproven en Portuguesa. Aproven es una asociación de productores que tiene un silo donde compran cosecha de los productores. Allí encontramos irregularidades importantes que tienen que ver con la compra de materia prima, concretamente el caso del maíz amarillo. En primer lugar, compra con sobreprecio y venta, por supuesto, con sobreprecio. Fuera de ley y la regulación”.

Gil informó que se iniciaron las investigaciones al ser detectado un  sobreprecio por encima del orden del 170 por ciento y que esta práctica ilegal se ha entronizado los estados Portuguesa, Guárico y Barinas.

“Luego este sobreprecio es trasladado al consumidor final a través de la cadena de alimentos balanceados para animales. Es una irregularidad muy preocupante porque adicionalmente a eso los productores que  estaban arrimando (su cosecha) a Aproven no eran productores financiados por la Asociación de Productores de Venezuela sino que en muchos casos eran productores que fugaban cosechas, tanto de asociaciones privadas como de programas públicos como el Fondas, Banco Agrícola y Agropatria, y repito, de otras asociaciones privadas”.

El delito consistiría, reveló Gil, en que los productores son financiados por un programa específico y luego venden su cosecha en otros silos, generando un perjuicio para los que financian el programa, “pero adicionalmente creando un sistema de especulación muy grave”.

“Sobre todo lo hemos estado monitoreando con el caso de los alimentos balanceados para animales, donde empresas que fabrican alimentos balanceados para animales y que tienen integradoras de cerdo, o de pollo, o de huevo, bueno, compran con ese sobreprecio y luego lo trasladan a sus cadenas de costos, y por supuesto abultan el precio de este producto final”.

El servidor público indicó que no hay justificación para este accionar delictivo por cuanto ha sido bien debatida la estructura de costo con el MPPAT y los productores tienen una compensación por vía de precios y por vía de subsidios.

“Es decir, el productor primario no es el beneficiario de esta transacción. Allí en la transacción está siendo beneficiado el intermediario, y lo demostramos en estos silos de Aproven, donde encontramos, primero tres millones de kilos: tres mil toneladas de maíz amarillo, que no eran financiados por Aproven. Y encontramos el sobreprecio de más de 170 por ciento, es decir, con un modus operandi donde se facturaba a precio oficial, al precio regulado, el maíz amarillo, y luego se facturaba bajo un concepto de calidad de grano, un valor que era dos veces el precio oficial”.

Gil reiteró que así se traslada el sobreprecio al consumidor final y que su despacho realiza investigaciones, porque hay la presunción de que el flete, el transporte y el acondicionamiento eran facturados como una tercera vía.

“Es decir, el producto terminaba costando sobre los 6 bolívares cuando es de 1,9 bolívares más los gastos. Gastos, por supuesto, de flete y acondicionamiento, que en todo caso no deben pasar de un bolívar por kilogramo en promedio a nivel nacional”.

Señaló que en este caso Indepabis abrió un procedimiento y se aplicaron las multas de rigor, y que el mismo se encuentra en el Ministerio Público para determinar si hay otros delitos cometidos.

El funcionario público informó que el caso más grave es el de los Silos “Hermanos Vergara”, ya que se presume la comisión del delito de extracción, así como los delitos de sobreprecio y venta de maíz blanco para consumo animal, siendo que ello está prohibido por el MPPAT.

Gil agregó que existiría una ruta de contrabando y que se presume la existencia de mafias que terminan desviando la producción de maíz hacia Colombia, y que los funcionarios de ese despacho están activados para verificar las guías de movilización.

Indicó que su despacho ha alertado a los productores de alimentos balanceados sobre esta irregularidad de sobreprecio, y que deben pagar sólo el precio regulado en Gaceta más los servicios de flete y acondicionamiento del grano, y que han encontrado silos que cobran el 500 por ciento, el doble, por aceptar cosechas de maíz.

“De igual forma, continuamos el ciclo de inspecciones en otros silos, en el caso de los Silos “Hermanos Vergara”, donde la situación es aún de una irregularidad mayor, ya que allí presumimos el contrabando de extracción. El  50 por ciento de las ventas realizadas de esta empresa era destinado con guías de movilización hacia el estado Táchira. Con la irregularidad  que no se destinaban luego a una procesadora de alimentos sino a una revendedora del mismo grano”.

Gil señaló la presunción de contrabando de extracción por parte de su despacho, en vista que las condiciones de almacenamiento del grano y su procesamiento no eran las adecuadas, lo que condujo a la detención de 3 directivos de Silos Hermanos Vergara mientras se realizan las investigaciones.

“El Ministerio Público está haciendo las investigaciones de rigor, de manera de determinar si se cometieron delitos; que presumimos que hay varios delitos, entre ellos, como decíamos, el contrabando de extracción, la venta con sobreprecio; la venta de maíz blanco para empresas que producen alimentos balanceados para animales, aci8ón que está proscrita por la ley porque el maíz blanco es para consumo exclusivamente animal, no para consumo animal”.

Señaló la gravedad de la situación del desvío del maíz hacia otros silos que no son los establecidos  en la normativa legal, en vista de que habría en este momento un crecimiento positivo de la de la producción de cereales en el país, por lo que denunció que de todo ese esfuerzo de los productores y del Estado, que es el que otorga el financiamiento, se estarían beneficiando finalmente redes mafiosas que desvían la producción hacia el hermano país de Colombia.

“Presumimos que hay una gran organización criminal dedicada a la extracción de nuestros productos, que son financiados por nuestros insumos, por nuestra cartera agrícola; con el esfuerzo de productores y productoras, y terminan siendo desviados hacia el país vecino de Colombia en ese caso”.

Gil indicó que la Fiscalía abrió una investigación penal en este caso por incumplimiento de la normativa y  eventualmente el contrabando de extracción, lo cual motivó el despliegue de funcionarios del Sada y del Insai en la mayoría los silos del país para verificar que las guías de  movilización sean las correctas y  la materia prima este destinada realmente a las empresas que procesan ese alimento.

El caso Fonabu: ¿Un caso extraño?

El ministro Gil informó que este caso que involucra al ente privado Fondo Nacional Bufalino (Fonabus), con la supuesta adquisición con dólares de la Comisión Administradora de Divisas (Cadivi)en Brasil de 22 mil búfalos para genética y reproducción que nunca fueron entregados a los productores, constituyendo una gran irregularidad y un caso extraño, así como un “negocio buenísimo”.

Indicó que no se descarta la complicidad de funcionarios públicos en estos hechos y que ya el ministerio público realiza las investigaciones respectivas, y a los cuales se vincula la empresa importadora Fonabus, que como un primer dato suministrado por Gil, obtuvo un crédito por parte del banco Banesco, correspondiente a la cartera agrícola obligatoria establecida por el Ejecutivo.

Entre  los detalles manejados por su despacho y que mencionó Gil, es que aún cuando el monto estaba destinado a la adquisición de 22 mil búfalos, sólo entraron al país 14 mil ejemplares, “en condiciones deplorables”, según registros del Insai, “que entraron a la tasa cambiaria del 2012”; y que finalizada su cuarentena legal  no fueron asignados a ningún productor, por lo que se presume contrabando de extracción.

La cuarentena la habrían cumplido en el Hato Santa Clara del estado Monagas y posteriormente trasladados a la Finca San Antonio en el municipio Mata Larga, sectores Los Caobos y Aragua, al sur del estado Apure.

Así mismo, el funcionario informó que un tribunal agrícola del estado Apure dictó una medida de resguardo para evitar el traslado de la finca donde actualmente se encuentran al sur de esta entidad, a donde habrían sido trasladados 9 mil cabezas, dos mil de las cuales habrían muerto 2 mil por las pésimas condiciones que padecen por ser tierras bajas inundables.

Otro de los datos aportado por el servidor público y que llaman poderosamente la atención es que la empresa. es el segundo cliente del banco Banesco en materia de financiamiento agrícola, lo que le habría facilitado la adquisición de unos 400 millones de bolívares de la Cartera Agrícola  Obligatoria, con los cuales se adquirieron en el 71.667.436  en el 2013 dólares preferenciales a través de Cadivi para la operación de importación de este gigantesco rebaño de animales.

De igual forma destacó que aun cuando el precio de adquisición por unidad de los búfalos reflejado en los documentos de transacción fue de 5.733 dólares, cuando consultas a especialistas sobre su potencial genético real determinaron que su precio real es de 3 mil, por lo que se presume que su trasladó a Apure obedeció a que los animales no tenían valor comercial de importación, más aún, dadas las pésimas condiciones de salud en que llegaron, agravadas por las también pésimas condiciones de apotreramiento.

Otro detalle importante sería el relacionado con la dirección fiscal de Fonabu, Sociedad Anónima, la cual se determinó que estaba en la sede de otra empresa privada de nombre Buvenca (Búfalos Venezolanos C.A.), en el estado Táchira y cuyos propietarios han sido contactados y rendirían declaraciones actualmente.

“Y se está levantando todo el procedimiento a través de Cadivi, el Insai, Indepabis, la Sundecop, además de los organismos de seguridad del Estado, el CICPC, expertos de la Guardia Nacional, expertos propios de la gobernación del estado Táchira”.

También mencionó a participación de la Región de Defensa Integral de los Andes (Redi) y de la Región de Desarrollo Integral de la misma sub-región.

Gil dijo que en este caso su despacho presume que hubo estafa tanto a los productores como a la nación, y que se realizan investigaciones para determinar si esta irregularidad se viene cometiendo desde años anteriores al 2013, cuando habría sido detectada.

“Toda esta cadena que involucra financiamiento en bolívares a través e la banca privada; que involucra el montaje de empresas en el extranjero, concretamente en Uruguay, en Brasil; y que involucra toda una operación interna donde presumimos la estafa a lo productores agrícolas, en primer lugar, la estafa a la nación en materia de dólares. Y, por supuesto, estamos haciendo la investigación si hay complicidad en algunos técnicos o funcionarios de nivel medio, que puedan otorgar los permisos, las habilitaciones necesarias para realizar esta operación.

Usted se refirió a complicidad de funcionarios públicos. ¿Cómo es que se trasladan 9 mil búfalos por nuestras carreteras y que esto no haya sido detectado ni  levante sospechas?

Toda la investigación, y en su momento mostraremos todo e accionar que tenemos desde hace tiempo en los tribunales, comenzó con la movilización de los animales. Una vez que se detectó el movimiento irregular de animales se dictó una medida de resguardo. Lo que sucede es que eso coincidió en el mes junio, julio, con el período de precipitaciones, y están en una zona  inundable donde sacar los animales iba a haber más mortandad que dejarlos allí.

Pero estamos operando desde el mismo momento que detectamos la movilización de los animales. Porque el “modus operandi” es que los movían paulatinamente. Las denuncias llegan cuando comienzan a concentrarse animales en una zona que no aguanta esa capacidad de carga: cuando comienza a haber más animales que los que deberían estar allí, comienza la denuncia de los productores, de los funcionarios, de la gobernación, en este caso del estado Apure, que nos alertó la situación y actuamos a través de un tribunal.

El Tribunal Agrario (…) del Estado Apure dictó una medida de resguardo en ese momento. No fue publicitada. Simplemente llegaron las medidas de resguardos. Están allí y comenzaron las investigaciones que es lo que estamos anunciando hoy.

– ¿Y cuando se tomo esa medida de resguardo, qué mes y qué día de 2013?

Bueno, no la tengo acá ahora pero se produjo más menos en el mes de julio (…), finales del mes de julio, pero la podemos ubicar ahora (para darla a conocer).

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